El derecho al Aborto Legal se debate en el Congreso, pero lo conquistamos en las calles con nuestras luchas

El debate del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso representa el hito de la lucha del Movimiento Feminista, que no empezó y seguramente no terminará con la legalización. Desde el retorno de la democracia, diferentes expresiones políticas y sociales a las que pertenecemos las mujeres hemos asumido el compromiso de defender el derecho al aborto como una cuestión de salud pública y de derechos de las mujeres y personas gestantes.

Desde hace décadas el Movimiento de mujeres y colectivos viene promoviendo innumerables esfuerzos para movilizar a las mujeres en la lucha por la legalización y despenalización del aborto en un contexto en que las mujeres que no desean llevar adelante un embarazo se ven empujadas a la clandestinidad; con los riesgos y sufrimiento que conlleva.

Venimos de la experiencia colectiva acumulada de los Encuentros Nacionales de Mujeres, de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y más recientemente, nos movilizamos y conmovimos con la irrupción del “Ni una menos”, que le exigió una vez más al Estado nacional el derecho al aborto en condiciones dignas.

El 8 de marzo de 2018, la huelga internacional de mujeres volvió a exigir en las calles el reclamo principal del Aborto Legal. Ese mismo año, nos hicimos miles con la presencia masiva de niñas, adolescentes y jóvenes, que entraron al juego político con pañuelos y banderas verdes, y pintaron el horizonte de esperanza en la gran “Marea verde”.

La llegada de nuestro reclamo al derecho al aborto al Congreso Nacional ha tenido un difícil recorrido. Se presentó el mismo proyecto de ley siete veces desde la creación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en 2005.

En 12 años de gobierno kirchnerista, si bien se impulsaron medidas y leyes que ampliaron los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales, la demanda del feminismo por la legalización del derecho al aborto nunca fue escuchada. El gobierno de Cristina Fernández tuvo una oportunidad histórica y la desaprovechó, dejando el debate en la lista de pendientes.

En este cuadro, el oportunismo del gobierno de Mauricio Macri, habilitó el debate parlamentario en 2018 a pesar de que sus principales cuadros políticos y él mismo estaban en contra. Y una vez más nuestra demanda por el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo y a abortar en condiciones dignas naufragó en el Senado nacional tras el voto negativo.

Sin embargo, en las calles masivamente ocupadas por las pioneras, las pibas, las recién convencidas, las que ahora sí se animaban… se compartía una sensación: no será ahora, pero más temprano que tarde, Será Ley. El debate estaba definitivamente instalado: un puñado de Senadorxs no podían apagar todo ese fuego.


En mayo de 2019, luego de reuniones plenarias y de comisiones encargadas de revisar el proyecto anterior atendiendo a las modificaciones que había hecho la Cámara de Diputadxs, y con un borrador redactado para ser puesto a consideración en las instancias regionales y redes, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito redactó un nuevo proyecto e hizo su octava presentación en Diputadxs.


En las promesas de campaña de Alberto Fernández, el Aborto Legal estuvo presente. Tras haber ganado las elecciones y asumir el cargo, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, volvió a repetir su compromiso. Sin embargo, pandemia mediante, el tratamiento de la legalización se dilató todos estos meses. En este tiempo, siguieron muriendo mujeres por abortar, otras entraron en las cárceles y muchas se han visto obligadas a llevar adelante embarazos no deseados.


“Creo que la diferencia con otros tiempos es que, más allá de la enorme lucha del Movimiento Feminista, me siento abanderado de este reclamo”, se le escuchó decir recientemente al presidente. En este punto, sin desconocer la importancia de la voluntad política, insistimos con que de ninguna manera se puede pensar en esta ley fuera de esta praxis histórica y no hay un más allá de la lucha del Movimiento Feminista.


La enorme movilización por el derecho al Aborto Legal que se produjo en 2018 en Argentina, y que arriba una vez más en este 2020, es como decíamos, la coronación de una lucha de muchos años que tuvo sus marchas y contramarchas pero nunca fue abandonada. Y si de banderas se trata, es el histórico Movimiento de mujeres el único capaz de cargar con el estandarte de esta lucha.

La legalización del aborto no puede esperar.

Es por eso que celebramos el tratamiento en el Congreso del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, que recupera aspectos significativos del proyecto de la Campaña. Sin embargo, no podemos desconocer que se introducen limitaciones que seguramente obstaculizarán la implementación efectiva de la ley y dañarán la garantía de la autonomía de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Sabemos, de esta manera, que la lucha no terminará con la necesaria e impostergable sanción de la ley.


Específicamente, nos preocupa la extensión del plazo de 5 días para realizar la interrupción del embarazo, como figura en el proyecto de la campaña, a 10 días. Esto puede ser una barrera importante para que las mujeres accedan a la interrupción del embarazo considerando que sería más de una semana, lo que puede generar que se exceda el plazo de 14 semanas establecido por la ley. No encontramos ninguna justificación para extender ese plazo.


Por otro lado, el proyecto del Ejecutivo mantiene la penalización a las mujeres si abortan luego de las 14 semanas sin encuadrarse en las causales de interrupción legal del embarazo. Seguimos insistiendo en la necesidad de, como marca el proyecto de la Campaña, despenalizar absolutamente el aborto voluntario, mantener la pena en estos casos continúa obligando a las mujeres a abortar en la clandestinidad, con todos los riesgos y estigmatización que ya conocemos y vivimos las mujeres.


También tenemos que decir que el proyecto del Ejecutivo admite la objeción de conciencia para realizar un aborto por parte de profesionales de la salud que no quieran realizar la práctica por cuestiones religiosas o morales. Consideramos que habilitar la objeción es un acto discriminatorio hacia las mujeres (no existe la posibilidad de objeción explicita para otras prácticas que no tengan que ver con la salud sexual de las mujeres) y puede generar la obstaculización al acceso al aborto, principalmente porque no obliga a garantizar la interrupción del embarazo por profesionales no objetores en el mismo centro de salud donde consulta, lo cual podría dar lugar a servicios, hospitales e incluso ciudades o provincias que se declaren objetoras. Esto es inadmisible y generaría que la ley de Aborto Legal, incluso siendo aprobada, se transforme en letra muerta en muchísimos territorios de nuestro país donde los sectores antiderechos mantienen una hegemonía y violenta persecución hacia las mujeres que abortan y profesionales que acompañan, generando una profunda inequidad para las mujeres, niñas y adolescentes.


Seguimos insistiendo en la necesidad de aprobar el proyecto de la Campaña que aún está en discusión junto al proyecto del Ejecutivo y el de la legisladora Araceli Ferreyra. El Movimiento de mujeres y feministas tenemos un proyecto propio que hemos elaborado, mejorado y actualizado de forma democrática, transversal y federal: es hora que se apruebe sin más dilaciones.

Estamos discutiendo el Aborto Legal, algo que impacta en la vida de todas las mujeres y las personas capaces de gestar en este país. A diferencia de siglos atrás, esta vez no se puede legislar el acceso a la autonomía física y la ciudadanía plena sin nosotras.

  • Por vidas libres y autónomas.
  • La despenalización social ya la logramos, resta que el Congreso acompañe esta exigencia popular y federal.
  • ¡Que Sea Ley!